JudicialMunicipiosNoticiasRecientes

Tres asegurados por delitos contra la administración pública en Meta

Interceptaciones telefónicas evidencian las ‘negociaciones’ entre los implicados para favorecer personas detenidas.

Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado 2° Penal Municipal  Ambulante de Villavicencio, con funciones de control de garantías, envió a la cárcel —con medida de aseguramiento—  a 3 personas que al parecer incurrieron en irregularidades dentro de la administración de justicia, ya que habrían acordado otorgar beneficios a capturados por diversos delitos a cambio de dádivas.

Los afectados son el exfiscal 17 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de esa ciudad, Oscar Fernando Albán Caicedo; su compañera sentimental, Solandy Parra Gómez, y el abogado Nelson Gómez Hernández, quienes cumplirán la detención intramuros en la capital de Meta.

Entretanto, la decisión del juzgador también contempla la medida no privativa de la libertad condicionada para Paola Andrea Dávila Tafur y María Cristina Acosta Olaya, las cuales deberán consignar una caución de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además les fue prohibido acercarse al Palacio de Justicia salvo cuando sean requeridas por este caso, no podrán salir del país, deberán tener buena conducta y presentarse cada vez que sean requeridas por las autoridades, así como notificar su lugar de residencia si hubiera cambios. El juez enfatizó en que el incumplimiento de estas condiciones provocará la revocatoria de la medida y se ordenará su detención.

Según las investigaciones y el material probatorio con que cuenta la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre los años 2015 y 2016, incluso en 2018, en Villavicencio (Meta).

La interceptación de comunicaciones permitió evidenciar que el abogado Nelson Guzmán Hernández se comunica con Solandy Parra Gómez, esposa del entonces Fiscal 17 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Villavicencio, para presuntamente acordar los términos y la cuantía a recibir por otorgar órdenes de libertad y detención domiciliaria a potenciales clientes.

En una de las llamadas entre el abogado Guzmán y Parra Gómez, este le dice que ya habló con el amigo (el fiscal) para darle la libertad a dos mujeres, por la que había pedido cinco millones de pesos; que se había rebajado a cuatro pero que finalmente le ofrecieron tres millones y que como no podían quedar ‘blanquiados’ les había dicho que sí, así como se había comprometido a devolverles una moto incautada.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó a los implicados cargos por concierto para delinquir —como autores— en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo y sucesivo con cohecho propio, asesoramiento ilegal y prevaricato. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.

 

 

PYMP/DLBM

Publicaciones relacionadas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Cerrar