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Fiscalía imputa a particulares por venta de lotes en zona de reserva forestal de Villavicencio

Hace 20 años un proyecto urbanístico en zona rural de Villavicencio, ubicado en la finca Rosa Blanca vía a Acacías (Meta), fue objeto de medidas cautelares y suspendido porque 80% de las 24 hectáreas en las que se levantarían viviendas de interés social hacían parte de un área declarada reserva forestal. En su momento, 275 familias que entregaron dinero para respaldar la compra de casa nueva fueron reconocidas como víctimas.

En consecuencia, un juez civil nombró un administrador o secuestre para que se encargara del terreno y garantizara que se cumplieran las disposiciones especiales de protección y conservación ecológica; sin embargo, esta persona presuntamente dividió el predio, vendió y arrendó lotes, e hizo acuerdos para realizar una urbanización sin importar las consecuencias ambientales.

Desde 1999 diferentes administraciones intentaron recuperar sin éxito el área que pertenece al municipio. La resistencia de las personas que ocupan los lotes y pagaron por ellos, múltiples maniobras jurídicas interpuestas por distintos representantes y la intervención de grupos armados han impedido que las acciones de lanzamiento y restablecimiento se cumplan.

Todos estos hechos fueron documentados por la Fiscalía General de la Nación, que también constató la existencia de una asociación denominada ASOVIVE, la cual tiene personería jurídica y fue creada para agrupar a las más de 200 familias que entregaron dinero por los lotes y hoy invaden la zona de reserva forestal.

Por la presunta usurpación, ocupación, cerramiento y administración ilegal del área, el fiscal del caso presentó en audiencias concentradas a seis personas que estarían involucradas en las supuestas irregularidades. Los investigados son:

  • Gilberto Correa Beltrán, administrador del terreno.  Habría sacado provecho económico del bien y fue imputado por concierto para delinquir, daño a recursos naturales, urbanización ilegal, peculado por apropiación y concusión.
  • Luis Alfonso Rozo Rojas, William Sánchez Toro y Fluvio Rojas Grajales, señalados  de vender lotes y realizar maniobras jurídicas para apropiarse del terreno definitivamente. La Fiscalía les formuló cargos por concierto para delinquir, urbanización ilegal, daño a recursos naturales y fraude procesal.
  • Luz Marina Ivagón Salamanca, representante legal de Asovive. Imputada por concierto para delinquir, daño en recursos naturales y urbanización ilegal.
  • Guillermo Andrés Sánchez Madrigal, abogado. Este profesional habría interpuesto varias de las acciones judiciales para intentar que los ocupantes de los lotes se quedaran con ellos mediante la figura de  tenedero en derechos o nuevos propietarios. Fue imputado por de urbanización ilegal y fraude procesal.

Los seis imputados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. El juez 31 de control de garantías de Bogotá impuso medida privativa de la libertad en el lugar de residencia para los señores Correa Beltrán, Rozo Rojas y Sánchez Toro; mientras que los demás procesados recibieron medidas no privativas de la libertad.

Daño ambiental

En el proceso judicial los investigadores constataron un grave daño ambiental ocasionado por el ingreso indiscriminado de maquinaria pesada utilizada para preparar el terreno y construir vías de acceso a los lotes. Asimismo, quedó en evidencia la tala de árboles y la afectación a dos riachuelos que abastecen de agua potable a la región.

Actualmente, el área sigue referenciada como reserva forestal en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Villavicencio, y la Corporación Autónoma Regional Cormacarena, autoridad ambiental en Meta, certificó una inclinación de 30% en una zona montañosa por la deforestación, situación que aumenta las probabilidades de avalanchas.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.

 

LAGP/JARG

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