La secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Lizcano, dijo que la situación carcelaria y jurídica en todo el país es muy compleja y urgen soluciones por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Así lo expresó Lizcano al término de una reunión con todos los secretarios de Gobierno de las ciudades capitales del país.

«Hay un sin número de vacíos legales y malas interpretaciones, pues en estos momentos ya no podemos hablar de cárceles municipales, son muy pocos los municipios que aún las tienen bajo su manejo, ahora están bajo el manejo del Inpec», dijo la funcionaria.

Añadió que todas las cárceles del país están a reventar, así como en las carceletas que son espacios transitorios. «Las estaciones de policía y guarniciones militares no tienen ni la preparación, ni la facultad constitucional ni legal para resguardar personas privadas de la libertad, esto le corresponde al Inpec», dijo.

Por lo anterior, agregó, los secretarios de Gobierno de las ciudades capitales hicieron un llamado desde Asocapitales, para que se promuevan algunas acciones, como entregar estas dificultades legales y jurídicas al Consejo Superior de la Judicatura, para que los jueces las conozcan al momento de fallar las tutelas, así como la realización de un foro sobre el tema y el pronunciamiento de los alcaldes ante el Ministerio de Justicia, solicitando la solución rápida a la crisis carcelaria.

«En el presupuesto general de la nación, el INPEC recibe más de un billón 380 mil millones de pesos, la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) recibe un billón 206 mil millones de pesos, además de los convenios con los municipios, porque hasta el más pequeño aporta como mínimo dos millones de pesos, esto indica que el tema no es presupuestal, la crisis carcelaria es por falta de que se asuman las responsabilidades» dijo Andrea Lizcano.

En Villavicencio, además del sobrecupo en la cárcel, se tienen detenidos en las carceletas de las estaciones de Policía, en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y hasta el Centro de Prevención y Protección a Personas CP3, que tuvo que ser habilitado para recibir a los capturados.