Fiscalía boliviana solicitará a Interpol la activación del sello rojo contra los exministros de facto Arturo Murillo y Luis Fernando López, prófugos de la justicia.

Según el diario boliviano La Razón, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, anunció el viernes que se formalizó la imputación contra Murillo y López –los dos exministros de Gobierno y de Defensa en la gestión del gobierno de facto de Jeanine Áñez–, con el fin de activar el sello rojo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

“La comisión de fiscales ha informado que ha emitido la correspondiente imputación formal contra los dos exministros. Estamos solicitando la detención preventiva en el penal de San Pedro por seis meses por cuanto tenemos suficientes elementos indiciarios que pueden demostrar la autoría de estas personas”, indicó Cossío.

La decisión se tomó después de que el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, afirmara el martes que, según informes recibidos, Murillo se ha escondido en Estados Unidos.

Cossío también había dicho el miércoles que recibieron, el pasado 24 de diciembre, un informe de Interpol donde confirmaba que tanto Murillo como López se encuentran en el país norteamericano.

 

La fuga de dos exautoridades bolivianas ocurrió después de que una comisión investigadora del Parlamento boliviano exigió a finales de octubre a la Fiscalía General que enjuicie a cuatro ministros de Áñez por su participación en un delito de malversación de fondos relacionado con los sobrecostes en la compra de materiales antidisturbios para la Policía, en el marco de la represión contra los manifestantes y partidarios del expresidente Evo Morales.

Además de Murillo y López, figuran Yerko Núñez, el entonces ministro de la Presidencia; y Oscar Soliz, exministro de Economía.

Las Fuerzas Armadas y la Policía fueron clave en el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, que obligó a Morales a dejar el cargo. Asimismo, son culpados de llevar adelante la represión contra el pueblo boliviano que pidió la salida del gobierno de facto.

En esta nueva etapa que vive Bolivia, tras la asunción de Luis Arce como presidente del país, las autoridades bolivianas han prometido investigar los diversos crímenes cometidos durante el año que estuvo Áñez en el gobierno.

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