En desarrollo de la estrategia investigativa para judicializar a los responsables de hechos que
atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, definida como una prioridad en el
Direccionamiento Estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la
Dirección Seccional de Bogotá, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, y de la
Sijín de la Policía Metropolitana, logró la captura de los presuntos autores del homicidio de una
menor de 15 años.

Mediante orden judicial, durante un operativo en el barrio San Bernardo de Bogotá, tres
hombres fueron detenidos y serán procesados ante un juez de control de garantías por los
delitos de tortura y homicidio agravado, por los hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2020.

El ente acusador estableció que ese día la menor salió de su casa en el barrio Prado Veraniego,
abordó un vehículo de transporte público hasta el barrio San Bernardo, en la localidad de La
Candelaria de Bogotá, donde al parecer el cabecilla de un grupo delictivo dedicado al tráfico de
estupefacientes dio la orden para que hurtaran a la adolescente, a quien habrían atacado y
golpeado.

Asimismo, se evidenció que la víctima fue herida en múltiples ocasiones con arma blanca y que
cuando sus posibles agresores pensaron que estaba muerta la metieron entre bolsas negras y
al parecer, desde el tercer piso de una vivienda, la arrojaron a la casa de enseguida, que está en
proceso de demolición.

Los investigadores determinaron que luego del ataque, los hombres consiguieron una carreta
de reciclaje y llevaron el cadáver a unas cuatro cuadras de donde ocurrieron los hechos. Allí,
dejaron las bolsas tapadas con cobijas, sobre las 11 de la noche.

El cuerpo de la menor fue encontrado el 1 de diciembre de 2020 y trasladado a Medicina Legal,
donde entró como no identificada, ya que la adolescente nunca tuvo una tarjeta de identidad
con la que se pudieran corroborar sus huellas.

Por otra parte, se conoció que la víctima tenía un retardo mental leve y problemas psicológicos
y de comportamiento.

El ente acusador hace pública esta información por razones de interés general.

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