El funcionario judicial al parecer se atribuyó labores que no le correspondían para favorecer con
sus fallos a terceros, y a pesar de que conocía una orden de captura en su contra presuntamente
continuó desde la clandestinidad ejerciendo su cargo.

La labor de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de
la Nación y su equipo de investigadores permitió recopilar los elementos de prueba necesarios,
para establecer la posible autoría en delitos contra la Administración Pública del juez segundo
promiscuo municipal de Maicao (La Guajira), Vladimir Ernesto Daza Hernández.

El funcionario desde la clandestinidad se presentó de manera virtual a la audiencia ante juez
penal de garantías para que le formularan los cargos por abuso de función pública y prevaricato
por acción agravado. El imputado no aceptó su responsabilidad.

El juez de garantías estableció que Daza Hernández podría continuar con la actividad delictiva y
por eso impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario y por lo
tanto dictó una nueva orden de captura en su contra. El imputado continua prófugo de la
justicia. Además, se determinó la separación del cargo al procesado y, para tal fin, envió oficio al
Consejo Superior de la Judicatura notificando de su decisión.

Esta investigación da cumplimiento al Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024 establecido
por el señor fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, que ataca todo acto de corrupción.
Eventos

• El juez Daza Hernández en agosto de 2018 revocó la medida de aseguramiento y otorgó
libertad inmediata a un hombre que fue privado de su libertad por otro juez. La decisión
aparentemente fue tomada atribuyéndose competencias que no le correspondían y a
pesar del concepto en contra expuesto por el fiscal del caso.

• En diciembre de 2019 dejó sin efectos las medidas cautelares expedidas por el Tribunal
Superior de La Guajira, que impedían la posesión del alcalde electo de Manaure.

Para enero de 2020 el juez promiscuo sustituyó la medida de aseguramiento a cuatro
personas, aun cuando el proceso judicial era de San Andrés Islas y la audiencia se realizó
sin presencia de la Fiscalía. Daza Hernández sustentó su medida en que los privados de
la libertad eran padres cabeza de familia, calidad que no fue justificada.

• En contravía a la ley habría asumido competencia para dejar sin efectos el fallo de tutela
de un juzgado en Medellín y otro en Bogotá que negaron la libertad condicional para una
mujer vinculada con organizaciones criminales. Con su decisión ordenó su libertad.

• El último de sus fallos que es investigado ocurrió en febrero de 2020, cuando revocó la
medida de aseguramiento intramuros para tres personas judicializadas por porte ilegal
de armas en Uribia (La Guajira). Su decisión se materializó dos días después de las
audiencias concentradas a pesar de que la defensa apeló dicha decisión y no se contaba
con la presencia de la Fiscalía.

Antecedentes
El juez Daza Hernández en el año 2018 fue vinculado a una investigación por otras denuncias de
posible corrupción. En ese proceso fue cobijado con medidas restrictivas de movilidad, pero
durante dos meses huyó de la justicia para evadir ser capturado. Desde la clandestinidad se
presume que continúo ejerciendo su labor de juez desarrollando las funciones propias de su
despacho.

En los cinco eventos que son investigados el juez presuntamente actuó contrario a la ley
asumiendo competencias que no eran de su cargo y en algunos casos al parecer sustituyó
funciones de superiores jerárquicos.

El juez también en mayo de 2020 fue vinculado a una investigación por asesoramiento indebido,
al parecer por entregar información privilegiada y reservada de procesos que conocía su
despacho.

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