Por solicitud de la Fiscalía Especializada adscrita al Gaula el Juzgado 3° Penal Municipal Ambulante aseguró con detención intramuros a Rodolfo Delgado Fetecua, funcionario CTI; Miguel Ángel Torres Barón, policía activo y los particulares: José Bernardo Torres Barón, Salomón Albino Sandoval Ariza e Iván Andrés Sandoval Ariza.

Las cinco personas, al parecer, están implicadas en el secuestro extorsivo a un comerciante en hechos ocurridos en octubre de 2019 en Granada (Meta). La víctima del plagio fue Gonzalo López Vargas, de 60 años de edad, a quien los implicados, al parecer, retuvieron contra su voluntad luego de salir de un asado.

Por la liberación de la víctima los plagiarios exigían el pago de mil millones de pesos a nombre del Grupo de Delincuencia Organizado ELN. En enero de 2020 López logró huir de sus captores quienes lo mantenían retenido en una finca ubicada en la Vereda San Luis de Ocoa en jurisdicción de Villavicencio (Meta).  

Por estos hechos los procesados fueron imputados por la Fiscalía como presuntos responsables de los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, los cuales no fueron aceptados por los detenidos.  

Los elementos materiales probatorios recopilados en contra de los detenidos permitieron determinar la inferencia razonable de su responsabilidad en los hechos.

Las acciones de la Fiscalía se dan siguiendo el Direccionamiento Estratégico 2020-2024 liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien es una prioridad resguardar el derecho a la libertad de los colombianos. 

La Fiscalía publica esta información por razones de interés general. 

 

PYMP/MAGA/AGG

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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