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Judicializadas 18 personas como presuntos responsables de delitos sexuales en Meta

En la más reciente Jornada Nacional contra Delitos Sexuales adelantada por la Fiscalía General en el Meta 16 personas fueron cobijadas con medidas de aseguramiento en centro carcelario y 2 con detención domiciliaria. 

Los judicializados están siendo investigados por, presuntamente, incurrir en delitos sexuales, hechos que habrían ocurrido entre los años 2013 -2020 en Villavicencio, Puerto López y Granada (Meta).

Siete fiscales fueron los encargados de impulsar las audiencias concentradas en contra de los 18 procesados. Entre los implicados están familiares cercanos de las víctimas como tíos, padrastros y abuelos quienes habrían aprovechado la cercanía con los agredidos para cometer los delitos.

También fueron procesados un vendedor ambulante, un administrador de un parqueadero y un hombre que ingresó a un hogar comunitario adscrito al ICBF. En este último lugar fueron violentadas en 2020 dos menores de edad. 

Los delitos imputados por la Fiscalía, de acuerdo a las responsabilidades individuales, tienen que ver con delitos como: acceso carnal abusivo con menor de 14 años y explotación sexual comercial con menores de 18 años, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Las víctimas fueron 17 menores de edad y una adulta.

Las capturas de estas personas se dieron en cumplimiento de órdenes judiciales y fueron materializadas por investigadores del CTI de la Fiscalía adscritos al CAIVAS que fueron apoyadas por militares del Batallón de Ingenieros Carlos Albán, además de uniformados de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional.

La Fiscalía habla con resultados.

PYMP/MAGA/LABB

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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