En un giro inesperado, el Operador Nacional de Juegos (ONJ) se encuentra en el ojo del huracán tras una denuncia revelada por El Tiempo, que expone presuntas irregularidades en la administración del juego de azar Baloto. La controversia estalló apenas tres días después de que se conociera al nuevo ganador del acumulado de 21.500 millones de pesos del popular sorteo.
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Según El Tiempo, la interventoría del contrato que regula la administración del Baloto ha emitido hasta nueve alertas sobre incumplimientos significativos relacionados con la octava categoría de premios en la modalidad Revancha.
El contrato original, firmado el 9 de mayo de 2022 por el ONJ, compuesto por el Grupo Empresarial en Línea (Gelsa S.A.) y Redcolsa Servicios S.A., estipulaba un pago total de 7.800 pesos para esta categoría. Sin embargo, los informes indican que solo se han entregado 2.100 pesos.
Esta modificación habría resultado en un acumulado de 18.700 millones de pesos en premios que no se habrían pagado a los apostadores. La interventoría ha iniciado una investigación para determinar a los responsables de este incumplimiento.
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Qué pasó con Baloto
El Tiempo también revela que, a pesar de las reiteradas advertencias sobre el incumplimiento, la junta directiva de Coljuegos, bajo la presidencia de Marco Emilio Hincapié, decidió modificar el acuerdo de premios mediante el acuerdo número 01 del 26 de enero de 2024. Este cambio redujo el premio de la octava categoría a 2.100 pesos, en lugar de los 7.800 pesos originalmente estipulados.
El documento de modificación emitido en enero argumenta que la única manera de cumplir con las condiciones del acuerdo 03 de 2021, que incluye un porcentaje de premiación para el primer premio del 36,7440% y un pago mínimo de premios de 7.800 pesos, es eliminando la categoría 8, la cual genera el mayor número de ganadores (81,60%).
A pesar de las justificaciones de Coljuegos, que sostienen que la modificación fue necesaria para mantener la viabilidad económica del sorteo, los antiguos operadores del Baloto y otras partes interesadas han expresado su descontento. Argumentan que los cambios perjudican a los participantes anteriores y podrían llevar a demandas judiciales.
¿Hay conflictos de intereses?
La situación se complica aún más con la implicación de Yudy Esmeralda Esteban Campos, quien, aunque actuó como secretaria en la resolución del acuerdo, fue parte de Gelsa S.A. y es pareja de un sobrino de Hincapié. Esto ha generado acusaciones de conflicto de interés, aunque Coljuegos defiende la legalidad del proceso, afirmando que la funcionaria no tuvo influencia en la decisión final.
En respuesta a la denuncia, Infobae Colombia obtuvo las declaraciones del ONJ, que aseguran que no se han emitido sanciones ni fallos contra el operador por las modificaciones.
El ONJ reafirma que, a pesar del proceso de investigación, los aportes al sistema de salud se calculan sobre las ventas totales y no sobre los premios entregados. Hasta la fecha, han transferido 111.498 millones de pesos al sistema de salud desde el inicio de la concesión y mantienen más de 80 mil terminales conectadas en todo el país.
La auditoría continúa evaluando los posibles daños patrimoniales y económicos derivados de estos incumplimientos, y se mantiene en curso un proceso sancionatorio para determinar responsabilidades. Coljuegos y el ONJ han manifestado su disposición para colaborar con las investigaciones y aclaran que la modificación en la tabla de premios no afecta el contrato original del gobierno anterior.
(Ver también: Cómo se compra el Baloto por Internet; no es complicado y se puede volver multimillonario)
A medida que se desarrolla este caso, la transparencia y el cumplimiento de los términos contractuales serán cruciales para restaurar la confianza pública en el sistema de juegos de azar del país.
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