Haciéndose pasar como funcionario habría convencido a 33 familias de invertir en un proyecto urbanístico al que no pertenecía y sobre el que no tenía control.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos de prueba que dan cuenta de la posible responsabilidad de Fredy Caro Villalba, en un una estafa en masa relacionada con el ofrecimiento y venta de viviendas de interés social en Villavicencio (Meta).
Esta persona es señalada de hacerse pasar como funcionario y utilizar documentación oficial para ofertar sin autorización un proyecto urbanístico del que no hacía parte, ni ejercía como intermediario para comercializarlo. Para sustentar el engaño, al parecer, exigía a las víctimas copia de las cédulas de ciudadanía, de los registros civiles de nacimiento de los hijos y de las afiliaciones al Sisbén; además del pago de una cuota para asegurar el supuesto negocio, que oscilaba entre los 3 y 4 millones de pesos en efectivo.
Una vez cumplidos los requisitos por parte de los interesados, se habría comprometido a entregar las promesas de compraventa de los inmuebles, algo que no cumplió. Asimismo, presuntamente citó a los afectados en dos grupos para devolverles el dinero de la inversión; sin embargo, a los encuentros programados en el centro de Villavicencio tampoco acudió.
En el curso de la investigación se acreditó que 33 familias creyeron en la falsa iniciativa y confiaron parte de sus ahorros. Hay un cálculo preliminar de pérdidas por algo más de 123 millones de pesos.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Meta imputó a Caro Villalba los delitos de estafa masa agravada y simulación de investidura o cargo, los cuales rechazó. Por disposición de un juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
El hoy procesado fue capturado por servidores del CTI y de la Policía Nacional en el barrio El Porvenir de Villavicencio.
PYMP/LMFO/MAGA/JARG/JHM/DSM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
