Fuertes acusaciones de corrupción empañan la gestión del Secretario de Medio Ambiente del Meta, Omar Javier Martínez. Según una denuncia anónima, el funcionario estaría exigiendo a sus contratistas el pago de gastos personales, incluyendo el mantenimiento de la camioneta asignada por la Gobernación y contribuciones a diversos programas.
Se alega que Martínez obliga a sus empleados a financiar, por ejemplo, un cambio de aceite por valor de 300.000 pesos, a pesar de la inexistencia de un convenio vigente para tal fin. Las exigencias se extienden a contribuciones para el programa «Gobierno Presente» y el archivo, con la previsión de nuevas solicitudes para eventos como el Día del Niño y Domingo de Ramos. Para eludir la responsabilidad directa, se dice que Martínez utiliza a otros contratistas como intermediarios, generando un clima de temor entre los trabajadores.
Ante estas graves acusaciones, surge la pregunta inevitable: ¿Está la Gobernadora Rafaela Cortés al tanto de estas prácticas? ¿O ha perdido el control sobre su administración? ¿Cómo puede justificarse este comportamiento por parte de un funcionario con un salario elevado? La comunidad exige una investigación transparente y medidas contundentes para restaurar la confianza en la administración pública del departamento del Meta.
