Hace más de un año, la campaña de Rafaela Cortes a la gobernación del Meta se cimentó sobre la promesa de «Seguridad Total» para el departamento. Pancartas, videos y discursos resonaban con la idea de que tanto residentes como turistas podrían disfrutar del Meta con el firme respaldo del gobierno local. Sin embargo, un año y varios meses después de su elección, la realidad parece distar mucho de esa promesa.
La inseguridad en el Meta se ha expandido de manera alarmante, y la respuesta de la gobernación, al menos visiblemente, se limita a reuniones y consejos de seguridad que parecen carecer de impacto real. La frustración palpable en la ciudadanía crece a medida que la tan esperada «Seguridad Total» se percibe cada vez más como una meta lejana, casi inalcanzable.
¿Y qué hacen los alcaldes?
Los alcaldes de los 29 municipios del Meta se encuentran en una situación precaria, intentando abordar la creciente inseguridad con recursos limitados. En repetidas ocasiones, han solicitado ayuda en los consejos de seguridad y de gobierno, instando a la gobernación a gestionar un aumento de la presencia militar y de recursos ante el Ministerio de Defensa. Estas solicitudes buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante los ataques de grupos al margen de la ley que extorsionan tanto a grandes comerciantes como a pequeños emprendedores. El pago por «protección» se ha convertido en una pesadilla, y la incapacidad de pagar a menudo conlleva graves consecuencias.
Una Seguridad Fugaz: Solo Cuando la Gobernadora Visita
La percepción en municipios como Granada, Puerto Rico, Mapiripán y Puerto Lleras es preocupante: la presencia del departamento solo se siente cuando la gobernadora asiste a la región. Durante estas visitas, se incrementa la presencia policial, brindando breves momentos de tranquilidad. Sin embargo, al marcharse la gobernadora, la delincuencia retorna con mayor fuerza, estigmatizando a los campesinos y ciudadanos que se atreven a colaborar con las autoridades. Esta colaboración tiene un precio: un aumento de las extorsiones y represalias violentas ante la falta de apoyo institucional.
La situación en el Meta exige una reflexión profunda sobre la efectividad de las estrategias implementadas hasta ahora. ¿Son suficientes las reuniones y los consejos de seguridad para abordar la raíz del problema? ¿Qué medidas concretas se están tomando para proteger a los ciudadanos que se atreven a denunciar y colaborar con las autoridades?
La «Seguridad Total» prometida no puede seguir siendo un mero eslogan de campaña. Se requiere una acción coordinada, transparente y efectiva que involucre a la gobernación, a los alcaldes, a las fuerzas de seguridad y, sobre todo, a la comunidad. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana y construir un Meta realmente seguro para todos.
