¡Escándalo en La Guajira! Destapan fraude millonario en cobro de títulos judiciales
Riohacha, La Guajira – La Fiscalía General de la Nación ha asestado un duro golpe a la corrupción en el departamento de La Guajira, con la imputación de cargos a tres personas presuntamente involucradas en un esquema fraudulento de cobro de títulos judiciales que supera los 2.000 millones de pesos. Los implicados, Elena Ruiz Acosta, abogada, y el matrimonio conformado por Kizay Salas Camargo y Heden Ahmed Pinto Fuentes, enfrentan serias acusaciones que han generado conmoción en el sector judicial.
Según las investigaciones preliminares, más de mil personas habrían sido víctimas de este entramado delictivo. Muchos de ellos, ajenos a los procesos legales y sin conocimiento de los fondos depositados a su favor, ya que nunca fueron notificados. La situación es aún más grave, pues algunas víctimas ya habían fallecido al momento de realizarse los cobros fraudulentos.
La Fiscalía de Patrimonio Económico ha imputado a los tres detenidos los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad ideológica en documento público.
Las capturas, efectuadas en Riohacha y Bogotá, se legalizaron el pasado viernes 11 de julio. Ahora, este martes 15 de julio, un juez de control de garantías deberá determinar si los imputados permanecerán en libertad o serán cobijados con medida de aseguramiento. Las audiencias, que se desarrollan bajo reserva, apuntan a la vinculación de más personas al esquema.
"Este caso revela un patrón sistemático de cobros ilegales que habría comenzado en 2016," reveló una fuente oficial, "mediante la apropiación de títulos judiciales próximos a prescribir. El acceso indebido al sistema judicial y la utilización de documentos falsos, como poderes inexistentes, eran clave para retirar el dinero." Sin embargo, la investigación se centra, por ahora, en los hechos ocurridos a partir de 2020.
Los títulos judiciales, recordemos, son documentos que certifican la existencia de fondos depositados en cuentas judiciales por orden de un juez y destinados a una persona o entidad específica, derivados de indemnizaciones, embargos, procesos laborales, civiles o de familia.
¿Cómo operaba el fraude?
La principal acusada es la abogada Elena Ruiz Acosta, capturada en Bogotá, a quien se le atribuye el cobro fraudulento de al menos 1.700 títulos judiciales desde 2020, por un valor aproximado de 490 millones de pesos. No obstante, la cifra total del desfalco aún se encuentra en evaluación por peritos financieros de la Fiscalía.
Kizay Salas Camargo, por su parte, aprovechando su cargo como secretaria de un juzgado en Riohacha y su acceso a las claves del sistema judicial, presuntamente manipulaba expedientes, modificaba información y permitía el retiro irregular de los fondos.
Un testimonio clave en la investigación es el de la jueza Yaneth Luque, quien habría admitido, bajo juramento, haber entregado su clave personal de acceso al sistema judicial a su secretaria Kizay Salas Camargo, alegando problemas de salud que le impedían manipular los equipos.
Heden Ahmed Pinto Fuentes, esposo de Salas, estaría involucrado directamente en el cobro de los títulos fraudulentos. Su captura se produjo en el centro de Riohacha.
Este escándalo ha puesto en evidencia las fallas en los controles internos de los despachos judiciales de La Guajira y abre la puerta a una investigación exhaustiva sobre el uso indebido de claves, la falsificación de documentos y el desvío de fondos públicos mediante maniobras ilegales. La justicia deberá ahora esclarecer los hechos y llevar ante la ley a todos los responsables de este millonario fraude que ha afectado a cientos de ciudadanos.
Eliana Mejía Ospino
Especial para TDI Colombia Riohacha
