Air-e Bajo la Lupa: La Superservicios Aprieta Tuercas Ante la Incertidumbre Energética en el Caribe
Barranquilla, [Fecha] – A casi un año de su intervención, la empresa de energía Air-e, responsable del suministro eléctrico a más de cinco millones de habitantes en Atlántico, Magdalena y La Guajira, continúa generando preocupación. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) mantiene una estricta supervisión sobre la compañía, enfrentada a complejos desafíos financieros y técnicos que amenazan la estabilidad del servicio en la región Caribe.
Durante esta semana, altos funcionarios de la Superservicios y el agente especial interventor de Air-e, Nelson Vásquez, se reunieron en Barranquilla para evaluar y refinar la hoja de ruta destinada a lograr una solución empresarial viable. El objetivo primordial es asegurar la continuidad y la calidad del servicio eléctrico en un contexto marcado por deudas millonarias, inversiones rezagadas y una alarmante incertidumbre sobre la cobertura energética para el año 2026.
¿Cobertura Energética en Riesgo para 2026?
Una de las mayores alarmas encendidas por las autoridades es la falta de garantías por parte de Air-e en la adquisición de energía suficiente para cubrir la demanda de su mercado en 2026. Esta situación se agudiza debido a una deuda acumulada con los generadores de energía que asciende a cifras billonarias, resultado de la precaria liquidez que aqueja a la compañía desde antes de la intervención oficializada en septiembre de 2024.
Ante este panorama, la Superservicios ha exigido a Air-e fortalecer sus mecanismos internos de contratación y transparencia, así como acelerar los procesos para mitigar el cuello de botella financiero. Una de las medidas clave propuestas es la reactivación de la resolución 101 067 de 2024, la cual permitiría a Air-e adquirir directamente hasta el 82% de la energía requerida, reduciendo su dependencia del mercado spot (la bolsa de energía) a un 18%. Esta estrategia, según el agente interventor, permitiría negociar contratos a largo plazo con mejores condiciones económicas y mayor seguridad en el suministro, evitando la volatilidad tarifaria que impacta directamente el bolsillo de los usuarios.
Inversión en Infraestructura, una Urgencia
Más allá de la situación financiera, la Superservicios ha insistido en la imperiosa necesidad de que Air-e ejecute de manera inmediata su plan de inversión en infraestructura. Este plan abarca el mantenimiento, refuerzo y ampliación de las redes eléctricas, así como obras prioritarias dentro del Sistema de Transmisión Regional, con el fin de mejorar la confiabilidad del sistema y atender la creciente demanda de energía en los tres departamentos que conforman su área de operación.
Además, la compañía se ha comprometido a desarrollar proyectos de energías renovables en alianza con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), a través de la implementación de granjas solares, y a impulsar los Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas (Prone). Otro frente crucial será el fortalecimiento del trabajo comunitario con usuarios organizados, suscriptores colectivos y organizaciones sindicales, buscando articular esfuerzos para mejorar la gestión territorial del servicio.
Respaldo Gubernamental y Preocupación Regional
El Gobierno Nacional ha prometido respaldar financieramente a Air-e, proporcionando garantías y contragarantías que permitan cumplir con los compromisos contractuales de compra de energía. Paralelamente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) evalúa la aprobación definitiva de la nueva modalidad de contratación directa, lo que se espera que estabilice el servicio en el Caribe.
Sin embargo, la incertidumbre persiste. Desde diversos sectores sociales y políticos se alzan voces exigiendo mayor transparencia sobre el futuro de Air-e y la sostenibilidad del sistema eléctrico en una región históricamente afectada por la precariedad en este servicio esencial.
Mientras la Superservicios redobla esfuerzos en la administración de Air-e, la población usuaria observa con atención. Cualquier retraso en la implementación de estas medidas podría traducirse en incrementos tarifarios, interrupciones del servicio o incluso una eventual reconfiguración del modelo de operación, reabriendo el debate sobre la efectividad de la intervención y sus resultados reales.
